Una imagen

Una imagen vale más que mil palabras. Sobretodo cuando las mil palabras están cargadas de traición (a los valores), engaño (a los votantes), desprecio (a los auténticos), insulto (a la inteligencia), ambigüedad (frente al nacionalismo), complejo (frente a la progresía).



En medio de la desconfianza que actualmente genera la clase política y del desistimiento que anida en un número cada vez mayor de ciudadanos, el gesto de Santiago Abascal nos reconcilia con lo más sano del compromiso político. Sus manos, derecha e izquierda, representan a las de millones de españoles que con la misma firmeza romperían con el totalitarismo nacionalista afirmando los valores inseparables de España y la Libertad, por los que han dado su vida cientos de compatriotas, víctimas ayer del terrorismo y hoy del olvido, cuyo sacrificio a algunos nos llena de orgullo. Santiago Abascal lleva muchos años defendiendo la dignidad de un pueblo -el español - que se niega a ser pisoteado por una minoría que pretende impedir que España se consolide como una gran Nación de ciudadanos libre e iguales. ¿Qué son los sorayos, lasallos o lacayos comparados con Santi Abascal, María San Gil, Regina Otaola, Iciar Lamaraín o Pilar Elías? Hay mucho en juego en la actual situación del Partido Popular. Si triunfa la actual dirección, y su línea conciliadora con los que nos niegan como Nación, culminará con éxito, ante la falta de oposición política, la liquidación del actual modelo constitucional, la ruptura de la igualdad de los españoles y la claudicación definitiva ante los delirantes sueños de los secesionistas. Supondría el triunfo definitivo del "nuevo régimen" que desde hace cuatro años está propiciando el actual inquilino monclovita. Somos muchos los españoles que confiamos en que políticos como Santiago Abascal no permitan que se perpetre semejante atentado contra la democracia, la Libertad, la Nación y el sentido común.

Manifiesto por la Lengua Común

Una interesante y necesaria iniciativa se ha puesto en marcha por parte de un grupo de intelectuales. Se trata del Manifiesto por la Lengua Común. Aunque parezca increíble, la lengua española en continua expansión, apreciada y valorada en todo el mundo, está pasando por serias dificultades en determinandas regiones de España donde no se respeta la libertad de los hablantes y el bilingüismo queda en papel mojado. Se trata sin duda de un capítulo más del programa totalitario perpetrado por el nacionalismo aldeano contra la igualdad y la libertad de los españoles. Un nacionalismo al que hay que recordar -como muy bien hace el manifiesto- que son los ciudadanos y no los territorios o las propias lenguas quienes tienen derechos lingüísticos. No cabe duda de la riqueza cultural que supone para España la existencia de cuatro lenguas que hay que apoyar y potenciar institucionalmente, pero la existencia de una lengua política común también es una riqueza para la democracia.

Ya iba siendo hora de que nuestros intelectuales dieran un paso adelante sin complejos y saliesen públicamente en defensa de derechos básicos (¿para cuándo un manifiesto por la vida desde su concepción?). Escritores y pensadores de distintos espectros ideológicos como, entre otros, Fernando Savater, Vargas Llosa, Luis Alberto de Cuenca, Albert Boadella, Carlos Martínez Gorriarán, José Antonio Marina, Aurelio Arteta denuncian que la situación del español en determinados terrirorios es preocupante.

Esta causa justa no es solo de los intelectuales sino que nos incumbe a todos. Los ciudadanos pueden elegir entre la servidumbre y la responsabilidad. La libertad tiene que ser ejercida y defendida por todos los españoles y la libertad lingúística es quiźa la más básica de todas. Si las autoridades políticas no la garantizan es un deber ciudadano la denuncia pública de estas situaciones como hace Convivencia Cívica Catalana, un colectivo ejemplar en su lucha por la defensa de la libertad lingüística en Cataluña. También hay que recordar que no solo son los partidos nacionalistas los que han realizado una política lingüística poco respetuosa con la libertad. También en comunidades gobernadas por PP y PSOE como Cataluña, Baleares, o la Comunidad Valenciana se ha legislado aprobando más que discutibles leyes de normalización lingüística de espaldas a los derechos ciudadanos y al sentido común.

Les recomiendo que lean con atención el "Manifiesto por la Lengua Común" y si están de acuerdo con sus planteamientos se adhieran en la siguiente dirección: http://libertaddigital.com:6680/fragmentos/form_manifiesto_lengua_comun.php

Desde hace algunos años hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua castellana, la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles. Desde luego, no se trata de una desazón meramente cultural -nuestro idioma goza de una pujanza envidiable y creciente en el mundo entero, sólo superada por el chino y el inglés- sino de una inquietud estrictamente política: se refiere a su papel como lengua principal de comunicación democrática en este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación.

Como punto de partida, establezcamos una serie de premisas:

1. Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas -el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen. Es decir, hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia (?) de ningún tipo porque en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Y contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano.

2. Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas cooficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc... en detrimento del castellano (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello «normalización lingüística»).

3. En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua cooficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta. Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella. Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la Administración pública. Conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad.

4. Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que «las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Nada cabe objetar a esta disposición tan generosa como justa, proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas. Cumplido sobradamente hoy tal objetivo, sería un fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar tal artículo para justificar la discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las formas antes indicadas.

Por consiguiente los abajo firmantes solicitamos del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que en su caso puede exigir una modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos) para fijar inequívocamente los siguientes puntos:

1. La lengua castellana es COMUN Y OFICIAL a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles.

2. Todos los ciudadanos que lo deseen tienen DERECHO A SER EDUCADOS en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua común.

3. En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser ATENDIDO INSTITUCIONALMENTE EN LAS DOS LENGUAS OFICIALES. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación. En locales y negocios públicos no oficiales, la relación con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional.

4. LA ROTULACIÓN DE LOS EDIFICIOS OFICIALES Y DE LAS VÍAS PÚBLICAS, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc... en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica.

5. LOS REPRESENTANTES POLÍTICOS, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características. En los parlamentos autonómicos bilingües podrán emplear indistintamente, como es natural, cualquiera de las dos lenguas oficiales.

Firmado por Mario Vargas Llosa, José Antonio Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Alvaro Pombo, Ramón Rodríguez, José Mª Ruiz Soroa, Fernando Savater y Francisco Sosa Wagner.

Les recuerdo que si quieren adherirse pueden hacerlo en la siguiente dirección:

http://libertaddigital.com:6680/fragmentos/form_manifiesto_lengua_comun.php

Los mejores

Dicen que en las guerras siempre caen los mejores y sobre los supervivientes recae la sombra de la sospecha. En estos treinta años de democracia son muchos los que han caído, en múltiples batallas ideológicas y culturales, por defender la Libertad y la Nación. Y no solo me refiero al millar de compatriotas, víctimas del terrorismo, que heroicamente han pagado con su vida su condición de españoles sino a otros muchos ciudadanos que se han visto apartados, acosados o perseguidos por denunciar la deriva totalitaria de los nacionalismos periféricos y negarse a aceptar la ruptura de la unidad nacional, es decir, de la continuidad histórica de España, de la solidaridad entre los españoles y su igualdad ante la ley, fundamentos de nuestra Constitución. Políticos, periodistas, historiadores, artistas, en definitiva, ciudadanos libres que no comulgan con el discurso de valores dominante instalado en la indolencia nacional han hecho de sus vidas una permanente lucha por la dignidad personal y la supervivencia colectiva. La incomprensión y la deslealtad de los suyos, es sustituído por el reconocimiento de millones de españoles que vemos en ellos un referente que nos hace crecer como ciudadanos libres.

Del ámbito político, con sus miserias, ambiciones, intereses y servidumbres podemos ejemplificar este proceso con multitud de casos que afectan tanto a la izquierda como a la derecha. No han dudado PP y PSOE en deshacerse, en determinados momentos clave de nuestra reciente histroria, de los mejores para satisfacer y alimentar a la bestia nacionalista. Llaman estrategia política o adaptación a los nuevos tiempos -Rajoy dixit- a lo que, a todas luces, no es sino la claudicación y el desistimiento ante la voracidad de los que niegan España y la Libertad. En efecto, la llegada de Zapatero al poder supuso la defenestración de Nicolás Redondo Terreros, un socialista decente que no cesó de buscar acuerdos con el PP de Mayor Oreja para frenar el poder despótico nacionalista. Puso por encima de las diferencias ideológicas el interés nacional . No fue el único. Las posturas Gotxone Mora sobran en un Partido Socialista entregado a la desarticulación de la Nación, un concepto que según Zapatero es discutido y discutible. El sentido común y la inteligencia de Edurne Uriarte, la valentía de Antonio Aguirre, el compromiso con las víctimas del terrorismo de Rosa Díez tampoco cotizan en un PSOE a la deriva. No piensen que la tradición de la izquierda ha sido la negación de la Nación. En un interesante libro, La izquierda y la Nación, César Alonso de los Ríos historiaba lo que él llamó la "traición políticamente correcta" de la izquierda. Ya en los años treinta Indalecio Prieto, "socialista a fuer de liberal", fue firme partidario de un patriotismo español en un sentido regeneracionista. La patria siempre estuvo presente en los textos de los escritores exiliados. La poesía de León Felipe, las novelas de Manuel Andújar o Max Aub son buen ejemplo de ello. En una próxima entrada meditaré sobre "La Tercera España" que por la que apostaban desde el exilio un grupo de escritores que supieron compatibilizar su pensamiento de izquierda con un profundo sentimiento nacional.

Pero qué decir del PP. Repite la progresía vociferante y obsesiva que el mayor error de Aznar fue aliarse con Bush, cuando lo que jamás perdonaremos al expresidente, los que creemos que la política debe ser el territorio de los valores y principios, fue el precio que tuvo que pagar por pactar con el nacionalismo pujolista en 1996: la cabeza de Alejo Vidal Cuadras, uno de los políticos más brillantes e íntegros del Partido Popular. Las diferentes probaturas en la dirección del PP catalán, todas fracasadas, demuestra que cuando un partido subordina los principios a la estrategia, lejos de sumar aliados resta convencidos. Parece no tomar nota de los errores pasados el actual líder popular al que le es más útil la candidez insustancial de determinados políticos oportunistas que la firmeza democrática y el ejemplo moral de María San Gil, símbolo donde los haya de la resistencia cívica frente al nazismo marxistizado de ETA/Batasuna. En este contexto no es de extrañar que no constituya en la cúpula del PP motivo de escándalo y preocupación el que otro español ejemplar, José Antonio Ortega Lara abandone el partido. Son sacrificios necesarios en el altar de la nueva concordia con los que sólo siembran la discordia.

Pero este lamentable escenario afecta también a otros ámbitos no estrictamente políticos. A un escritor, Pío Moa se le pretende procesar por ofrecer una visión de la historia de España que se aparta de las directrices ideológicas que inspiran la discutible memoria história impulsada desde el poder. No se plantean los que disienten de los enfoques históricos de Pío Moa refutar o debatir sus argumentos en un sano ambiente de discusión académica e historiográfica. Se trata de insultarlo, y a ser posible, encarcelarlo. Los periodistas deben repetir las cantilenas apaciguadoras del discurso oficial. Si alguno como Federico Jiménez Losantos rompe estos acuerdos tácitos no se duda en solicitar la mordaza y en pedir el linchamiento público. Valientes cieneastas como el vasco Iñaki Arteta, uno de los pocos directores de cine español comprometido con las víctimas del terrorismo, es decir con España, no entra en la política de subvenciones institucionales y sus películas -excelentes, connovedoras, necesarias- son silenciadas. Artitstas como Albert Boadella tiene que exiliarse de Cataluña por hacer lo que ha hecho siempre: denunciar y ridiculizar las múltiples caretas de los liberticidas que actualmente envueltos en la senyera hacen imposible la vida en libertad en Cataluña. La expulsión de Agapito Maestre de la Universidad de Almería o el exilio del gran escultor vasco Agustín Ibarrola, amenazado por ETA, confirman el deterioro moral que se está produciendo.

La situación se agrava cuando el perseguido e insultado es el representante de las víctimas del terrorismo, al tiempo que se considera hombres de paz a los asesinos. Los voceros del pensamiento progre han ridiculizado, a Francisco José Alcaraz. Su pecado: reclamar justicia, exigir que funcione el estado de Derecho, pedir que se respete la dignidad de la víctimas en posibles y turbios apaños con los criminales y mantener viva la memoria de todos aquellos que entregaron su vida por todos nosotros. Pero claro, el nuevo ambiente exige ser simpático con los antipáticos nacionalistas.

Los mejores pagan cara su osadía, su coherencia, su fidelidad a los principios y valores que defienden y compartimos muchos españoles, pero a cambio saben que con su testimonio y resistencia fortalecen nuestra Libertad y revitalizan lo mejor de una gran Nación que se niega a sucumbir. Nicolás, Edurne, Antonio, Gotxone, Rosa, Alejo, María, José Antonio, Albert, Pío, Agapito, Federico, Agustín, Iñaki, Francisco José...y tantos otros, gracias.