Los santos inocentes

Hoy es 28 de diciembre, pero esto no es una broma. Más de cien mil abortos voluntarios se practican al año en España. Es una cifra que debe avergonzarnos a todos. Este auténtico genocidio del siglo XXI sólo lo es posible con la actitud irresponsable de una clase política que legisla contra la vida y una socedad que mira para otro lado y no toma conciencia de la gravedad del problema. Si estos datos de por sí no fueran alarmantes, el Gobierno socialista de ZP lejos de intentar atajar este atropello aprobó una ley que permite el aborto libre en las 12 o 14 primeras semanas de embarazo. Con esta ley que convierte un delito en un derecho cualquier mujer que quiera abortar en España podrá interrumpir su embarazo sin necesidad de cumplir más requisitos que el de encontrarse en esas 12 o 14 primeras semanas de gestación. Esta ley de plazos es similar a la que está vigente en países como Alemania, Dinamarca, Austria, Grecia y Portugal donde esta atrocidad lleva años practicándose. Actualmente en España el aborto está despenalizado solo si se cumplen ciertos supuestos, como violación, malformación del feto o riesgo para la madre.
Es de esperar que el Partido Popular salga de su prudencia y distanciamiento en este tema y no se limite a criticar el nuevo proyecto de ley, alegando que supone una estrategia de distración frente a la crisis económica. Le pedimos desde aquí que enarbole la bandera de la Vida frente a la cultura de la muerte, independientemente de su rentabilidad electoral o no. Si quiere tener credibilidad ante los ciudadanos debe sumarse con claridad a todas la iniciativas sociales de protesta y realizar las acciones legales necesarias para derogar esta siniestra ley de plazos. Hay que recordar que en 1985 el Tribunal Constitucional emitió una sentencia asegurando que el artículo 15 de la Carta Magna --"todos tienen derecho a la vida"-- protege también al nasciturus. Al igual que en Alemania las generaciones posteriores al holocausto judío interpelaron a sus padres y abuelos preguntándoles qué había hecho ellos ante la matanza de millones de judíos en las cámaras de gas y muchos bajaron la cabeza avergonzados, llegará un día en el que tendremos que explicar a las generaciones futuras cúal fue nuestra actitud -de compromiso o pasividad- frente al asesinato de los santos inocentes.

La Constitución treinta y tres años después

Hoy es un día para la reflexión. Hace treinta y tres años que la Constitución fue referendada por el pueblo español. Tras décadas de enfrentamientos fratricidas, el espíritu de concordia y la voluntad de consenso marcó la línea de actuación de gran parte de la clase política que supo subordinar sus intereses partidarios al interés general. Fue un éxito colectivo: los sectores más reformistas y avanzados del franquismo, la oposición más dialogante, sindicatos, empresarios, militares, en definitiva, la sociedad española ansiaba culminar un proceso que trajera a España estabilidad política, prosperidad económica, la paz social y la unidad de todos los españoles para afrontar los grandes retos del futuro. Treinta años después, es necesario por un lado cumplir y hacer cumplir algunos de los artículos que parecen olvidados y al mismo tiempo realizar reformas constitucionales tendentes a reforzar la libertad y la igualdad de derechos de todos los españoles, sea cual sea el territorio donde vivan.
¿Qué reformas habría que afrontar cuanto antes? En estas tres décadas han quedado claras las intenciones del nacionalismo de quebrar el principio de igualdad y de atentar contra la base misma de la convivencia nacional. A pesar de su caracter minoritario han tenido en múltiples legislaturas la llave de la gobernabilidad sometiendo a permanente chantaje a las mayorías políticas. Urge, pues, una reforma de la ley electoral que impida que estos pequeños partidos obtengan una representación que no les corresponde. Solo así se podrá realizar una política de sentido nacional pleno. A su vez , es oportuno replantearse el modelo autonómico. Las sociedad española no puede mantener un sistema tan costoso en lo económico y tan cuestionable en lo político. Competencias como la eduación están haciendo estragos en aquellas comunidades gobernadas por políticas de exclusión lingüística.
Por último, paso a detallar, entre otros, algunos de los artículos de la Constitución que deberían ser de obligado cumplimiento y que hoy se conculcan. Exijamos desde la ciudadanía libre y responsable a la clase política el pleno desarrollo de estos artículos:

- La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles (artículo 2)

- El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla (artículo 3. 1)
- Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.
(artículo 4.2)
- Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos (artículo 6)
- Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral... (artículo 15)

-Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional (artículo 19).
- Se reconoce y protege el derecho a la libertad de cátedra (artículo 20.1.c)
- Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España (artículo 30.1)
- Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos (artículo 47)

-Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español (artículo 139).