El entierro de Montesquieu

El artículo 122.3 de la Constitución señala que el CGPJ

(...l estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la Ley Orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

La Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial, de 10 de enero de 1980, desarrollaba este precepto sin más interpretación que la literal: ocho miembros del CGPJ eran elegidos por las Cortes Generales y doce por los componentes del Poder Judicial. Pero en 1985, Felipe González decidió cambiar las cosas. Gobernaba entonces con el rodillo de la mayoría absoluta y el control socio-político formaba parte de su megalómano proyecto. Faltaba el control judicial. Los jueces elegidos por el sistema que regulaba la Ley Orgánica del Poder Judicial no se plegaban al Poder Judicial. Utilizó entonces dicha Ley para modificar la forma de elección de los doce vocales de procedencia judicial. Los veinte vocales pasaron a ser elegidos por las Cortes Generales mediante mayoría cualificada de tres quintos. “Montesquieu ha muerto!”, dijo Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno. En realidad, los socialistas lo mataron. En plena efervescencia del felipismo, la separación de poderes era inconcebible. El derecho debía estar supeditado a los fines políticos de la nueva mayoría. La mejor forma de controlar a los jueces era trasladar al órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, el reparto de fuerzas existente en el Parlamento. Fueron malos tiempos para el Estado de Derecho. El poder judicial sometido al poder político.

El PP hizo de la denuncia de este control antidemocrático un punto fundamental de su política de oposición. De hecho, el programa electoral con el que ganó las elecciones en el año 1994 se comprometía a realizar una reforma del proceso de elección de los componentes del Consejo en el que primase la profesionalidad y la carrera judicial y en menor medida el perfil político. Una vez en el gobierno, y durante dos legislaturas, el Partido Popular incumplió su promesa y utilizó a su favor la situación generada por el felipismo. Durante años ha estado colapsada la elección de los nuevos vocales del Consejo. El acuerdo al que llegaron en 2008 los dos grandes partidos, con autobombo incluido y euforia no contenida, constituyó un capítulo más del proceso de transformación de la democracia en una oligarquía partitocrática, ya denunciado por teóricos italianos como Michels, Mosca o Pareto. Esta actitud del principal partido de la oposición no hace sino confirmar lo que muchos sospechamos: el PP, a día de hoy, no es el partido de la regeneración democrática. Se beneficia del juego de intereses partidista y no afronta con valentía las reformas necesarias que frenen la involución democrática. Esperemos que rectifique y se convierta no solo en la alternativa frente al socialismo caduco de ZP sino que también incorpore en su programa de gobierno la necesaria reforma judicial que España necesita.


Los vocales electos son fiel reflejo de las mayorías y minorías parlamentarias, con lo que en el CGPJ se reedita la situación del Parlamento. Lean con atención la trayectoria vital y profesional de estos jueces. Sus méritos profesionales pasan a segundo plano; prima la fidelidad y la sintonía política. Frente al empate a nueve vocales de PP y PSOE, la minorías nacionalistas tienen, otra vez, la llave de la gobernalidad. En este sentido son muy interesantes las palabras del aún vocal del Consejo, José Luis Requero, que en una entrevista explicó que la misión principal del nuevo Consejo, salvo una "grata sorpresa" del Constitucional, que reconoció no esperar, será "ejecutar las previsiones del Estatuto de Cataluña, en materia de Justicia", que supondrá que "competencias que hasta ahora el desempeñaba el CGPJ van a pasar a órganos autonómicos".

Se consuma así la felonía de la clase política. Las élites políticas pactan el reparto del poder de espaldas a la sociedad y al bien común, invadiendo para ello territorios que no son de su competencia. Este proceso de degradación democrática avanza con la complicidad de amplios sectores sociales y la pasividad de una ciudadanía que se mueve entre la indiferencia y la servidumbre. Si Alfonso Guerra anunció la muerte de Montesquieu, entre todos han decidido enterrarlo.

Merecen justicia

El resultado de la última encuesta realizada en este blog creo que refleja el sentir de amplios sectores de la socedad española que plantean la necesidad de implantar la cadena pepetua en delitos graves como terrorismo, violación, pederastia o violencia doméstica. El 74% de los lectores de "Ab ipso ferro" son partidarios de endurecer las penas, el 16% no cambiaría la actual legislación, mientras el 8% aceptaría rebajar las penas de cárcel para favorecer la reinserción. El reciente caso de la desaparición y posterior asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo ha vuelto a abrir el debate sobre la conveniencia o no de mantener el actual marco jurídico que, volcado en la reiserción de los verdugos, olvida a las víctimas en su justa demanda de justicia. Además, está demostrado que los violadores y agresores sexuales no se reinsertan, al contrario, son reincidentes. Desde hace meses Juan José Cortés, el padre de la niña onubense Mari Luz, y ahora Antonio del Castillo, padre de Marta, plantean la conveniencia de realizar un referendum sobre la cadena perpetua. No hacen sino canalizar el clamor popular que pide contundencia, desde el Estado de Derecho, ante crímenes que escapan al entendimiento humano. Sin embargo, los políticos hacen oídos sordos a esta reclamación ciudadana. Alegan que no tiene cabida en nuestra Constitución cuando esos mismos políticos han aceptado, sin reaccionar, el permanente ataque a la Costitución que durante años se ha perpetrado en las comunidades gobernadas por nacionalistas. Solo hace falta voluntad política y decisión. Parece que en España hay determinados temas tabú sobre los que no se acepta ni el más mínimo debate. El 20% de los lectores del blog se muestran partidarios de la pena de muerte. Yo que rechazo totalmente la pena de muerte, como lo hago con el aborto, pues considero que el Estado solo puede legislar sobre la vida para protegerla, no para atacarla, me pregunto, repito yo que soy contrario a la pena de muerte, por qué hay que apartar este planteamiento del debate público. ¿Qué se teme? Hablemos claro. En España existe la pena de muerte y la cadena perpetua, pero no precisamente para los verdugos sino para las víctimas. Condenados a pena de muerte están, entre otros ciudadanos, muchas mujeres y jóvenes, a manos de sus compañeros o agresores, así como los defensores de la libertad frente al fanatismo nacionalista. El dolor por las víctimas del terrorismo o por el dramático asesinato de Marta o Mari Luz es sin duda una verdadera cadena perpetua que acompaña a sus familiares hasta su muerte, mientras sus asesinos se benefician de unas leyes, nacidas del russoniano discurso progre adornado con soflamas sesentayochistas. Nada hay más democrático que un referéndum. Desde aquí apoyo la iniciativa popular para la celebración de un referéndum nacional sobre la cadena perpetua para delitos graves... y por supuesto votaré a favor. Pueden descargarse el modelo de recogida de firmas en el siguiente enlace http://www.telefonica.net/web2/jmgg1979/imgs/recogida_firmas.pdf. y mandarlo a la Asociación Turdetania C/Gerión s/n, 14008 Sevilla. Ellos y ellas merecen justicia. Entre todos podemos lograrlo.

Obsceno

Las fotos del incalificable juez Garzón con el impresentable ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo en medio de decenas de venados acribillados son estética y éticamente repulsivas. Los niveles de desvergüenza a los que está llegando este Gobierno y sus terminales mediáticas parecen no tener límite. La campaña de acoso y derribo del principal partido de la oposición es un capítulo más de la degeneración democrática en la que está instalado el partido socialista en los últimos años. Ante la cercanía de elecciones, ya sean generales, autonómicas o europeas, no dudan en utilizar toda su maquinaria para influir en el resultado final de las urnas. Así ocurrió en las tristes jornadas que precedieron a la victoria socialista en 2004...y en eso estamos ahora. Las filtraciones al grupo Prisa del sumario que instruye el juez Garzón, la "coincidencia" en la famosa cacería de la fiscal, el juez, el ministro y el jefe de la Policía Judicial, no producen sino estupor en un sector de la ciudadanía que aún aspira a vivir en una nación que no tenga que avergonzarse día sí y otro también de sí misma. El problema es que otro importante sector social contempla complaciente e incluso justifica los despropósitos gubernamentales. ¿Qué tiene que pasar para que dejen apoyar a Zapatero y los suyos? La izquierda parece tener patente de corso para hacer y deshacer a su antojo. ¿Se imaginan la escena de la cacería protagonizada por un ministro del PP? No me lo digan , que parece que lo estoy viendo. La Bardem y demás titiriteros encadenados en la calle Génova junto a los indómitos ecologistas de salón gritando no nos merecemos un gobierno de franquistas, señoritos y cazadores. ¿Existiría la paz social que pretenden transmitir estos sindicatos subvencionados y verticales si los cuatro millones de parados se hubieran producido bajo el gobierno del centro derecha? El más grande cineasta español vivo, Luis García Berlanga, inmortalizó con gracia e ironía en La escopeta nacional los trejemanejes de las élites y familias políticas del tardofranquismo que, de espaldas a la ciudadanía, negociaban en medio de escenas cinegéticas sus cuotas de poder e influencia social. Hoy la escopeta sigue cargada pero ya ni siquiera es nacional.