El entierro de Montesquieu

El artículo 122.3 de la Constitución señala que el CGPJ

(...l estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la Ley Orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

La Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial, de 10 de enero de 1980, desarrollaba este precepto sin más interpretación que la literal: ocho miembros del CGPJ eran elegidos por las Cortes Generales y doce por los componentes del Poder Judicial. Pero en 1985, Felipe González decidió cambiar las cosas. Gobernaba entonces con el rodillo de la mayoría absoluta y el control socio-político formaba parte de su megalómano proyecto. Faltaba el control judicial. Los jueces elegidos por el sistema que regulaba la Ley Orgánica del Poder Judicial no se plegaban al Poder Judicial. Utilizó entonces dicha Ley para modificar la forma de elección de los doce vocales de procedencia judicial. Los veinte vocales pasaron a ser elegidos por las Cortes Generales mediante mayoría cualificada de tres quintos. “Montesquieu ha muerto!”, dijo Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno. En realidad, los socialistas lo mataron. En plena efervescencia del felipismo, la separación de poderes era inconcebible. El derecho debía estar supeditado a los fines políticos de la nueva mayoría. La mejor forma de controlar a los jueces era trasladar al órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, el reparto de fuerzas existente en el Parlamento. Fueron malos tiempos para el Estado de Derecho. El poder judicial sometido al poder político.

El PP hizo de la denuncia de este control antidemocrático un punto fundamental de su política de oposición. De hecho, el programa electoral con el que ganó las elecciones en el año 1994 se comprometía a realizar una reforma del proceso de elección de los componentes del Consejo en el que primase la profesionalidad y la carrera judicial y en menor medida el perfil político. Una vez en el gobierno, y durante dos legislaturas, el Partido Popular incumplió su promesa y utilizó a su favor la situación generada por el felipismo. Durante años ha estado colapsada la elección de los nuevos vocales del Consejo. El acuerdo al que llegaron en 2008 los dos grandes partidos, con autobombo incluido y euforia no contenida, constituyó un capítulo más del proceso de transformación de la democracia en una oligarquía partitocrática, ya denunciado por teóricos italianos como Michels, Mosca o Pareto. Esta actitud del principal partido de la oposición no hace sino confirmar lo que muchos sospechamos: el PP, a día de hoy, no es el partido de la regeneración democrática. Se beneficia del juego de intereses partidista y no afronta con valentía las reformas necesarias que frenen la involución democrática. Esperemos que rectifique y se convierta no solo en la alternativa frente al socialismo caduco de ZP sino que también incorpore en su programa de gobierno la necesaria reforma judicial que España necesita.


Los vocales electos son fiel reflejo de las mayorías y minorías parlamentarias, con lo que en el CGPJ se reedita la situación del Parlamento. Lean con atención la trayectoria vital y profesional de estos jueces. Sus méritos profesionales pasan a segundo plano; prima la fidelidad y la sintonía política. Frente al empate a nueve vocales de PP y PSOE, la minorías nacionalistas tienen, otra vez, la llave de la gobernalidad. En este sentido son muy interesantes las palabras del aún vocal del Consejo, José Luis Requero, que en una entrevista explicó que la misión principal del nuevo Consejo, salvo una "grata sorpresa" del Constitucional, que reconoció no esperar, será "ejecutar las previsiones del Estatuto de Cataluña, en materia de Justicia", que supondrá que "competencias que hasta ahora el desempeñaba el CGPJ van a pasar a órganos autonómicos".

Se consuma así la felonía de la clase política. Las élites políticas pactan el reparto del poder de espaldas a la sociedad y al bien común, invadiendo para ello territorios que no son de su competencia. Este proceso de degradación democrática avanza con la complicidad de amplios sectores sociales y la pasividad de una ciudadanía que se mueve entre la indiferencia y la servidumbre. Si Alfonso Guerra anunció la muerte de Montesquieu, entre todos han decidido enterrarlo.