Partitocracia

La degeneración del actual sistema político en España no es un fenómeno nuevo. A prinicipios del siglo XX polítólogos italianos de la talla de Mitchel, Mosca o Pareto analizaron los procedimientos que conducen a la democracia a un lento proceso de desnaturalización. La aparición y perpetuación de oligarquías ligadas a los partidos políticos, convertidos en grupos de poder e influencia endogámicos, van transformando la democracia en partitoctracia. Para constatar los primeros síntomas de esta preocupante realidad habría que remontarse al período constituyente. En efecto, en la Transición hubo un acuerdo general en dotar de gran poder a los partidos políticos tras cuarenta años de dictadura. Si entonces podía tener su sentido hoy lo carece por completo. Es pues uno de los aspectos claramente revisables del texto constitucional. Como consecuencia de este excesivo protagonismo, tenemos hoy la desastrosa ley de financiación pública de los partidos, la injerencia de estos en otros poderes del Estado como el judicial o la ausencia de democracia interna. La democratización de los partidos es sin duda una asignatura pendiente que nadie quiere afrontar. ¿Cómo van a regenerar la democracia quienes no la ejercen?

Utilizando como excusa las reivindicaciones nacionalistas, con la famosa frase de "café para todos", los partidos políticos se lanzaron al reparto del poder. Crearon así múltiples administraciones -nacional, autonómica, provincial, local- que en la mayor parte de los casos duplican sus competencias. Con ello se aseguraban los suficientes cargos y subcargos para colocar a los del partido. Este despilfarro de presidentes autonómicos -veinte en todas España-, consejeros o ministrillos -unos trescientos cincuenta- directores generales -más de tres mil quientos- subdirectores, comisionados, subcomisionados, asesores y otras lindezas corren, a cargo de las sufridas clases medias que con su esfuerzo y trabajo están sosteniendo un sistema que sólo beneficia a las oligarquías políticas y que ha llegado un momento en el que es insostenible económicamente e ineficaz políticamente. Este asunto, como el de los liberados sindicales, es uno de los innumerables tabús que nadie se atreve a poner sobre la mesa. En este tema los partidos, todos sin excepción, funcionan como una casta y los ciudadanos lo sufrimos. Pregunten a un político de cualquiera de los partidos parlamentarios si estaría de acuerdo con la autofinanciación, el sistema de elección del poder judicial o la reducción de administraciones, seguro que le contestará que estos temas no están en la agenda política.

Los escándalos que estos días aparecen en los medios de comunicación, en medio de una profunda crisis de insosprechadas consecuencias, no es sino la punta del iceberg de la corrupción institucionalizada de un sistema que cada vez se parece menos a la democracia y más a la partitocracia. La clase política no predica con el ejemplo. La austeridad no se encuentra en su vocabulario cotidiano. Los ciudadanos no deben persistir en la servidumbre que se desprende de su pasividad. La sociedad civil articulada como contrapeso del poder, esencial según Tocqueville en toda democracia plenamente desarrollada, y el ciudadano libre e insobornable han de manifestar su rechazo e indignación frente al permanente atropello perpetrado por la clase política. De este compromiso cívico no solo saldrá ganando la democracia sino todos y cada uno de nosotros.