Ante el 1º de mayo

Las situación económica se agrava día a día. Cuatro millones de parados y un Gobierno ineficaz que se muestra incapaz de adoptar medidas razonables que dinamicen la economía real y cambien el modelo productivo. Los sindicatos mayoritarios, mientras tanto, a lo suyo. A mostrar su cara más agresiva en las Comuinidades gobernadas por el PP y a ejercer su papel de correa de transmisión del Gobierno. La anestesia a la que tienen sometida a la ciudadanía vacia de contenidos la jornada tradicionalmente reivindicativa del 1º de mayo. Por su interés y actualidad reproduzco el artículo "Sindicatos subvencionados" que publiqué este este blog el pasado mes de octubre:


Resulta que para los sindicatos el único problema que existe en España es la gestión de la Sanidad pública madrileña. En medio de una crisis negada hasta la saciedad por el Gobierno, instalado durante meses en el engaño y el cinismo, los sindicatos, lejos de ejercer la crítica ante la pasividad gubernamental, han hecho del silencio, cuando no de la complicidad, su única respuesta. Tampoco se conocen grandes rechazos a la desastrosa gestión de la sanidad en Andalucía o Extremadura. Pregunten a un andaluz o extremeño por el servicio que reciben por parte de la Sanidad pública. Se echarían las manos a la cabeza. Pero claro, de lo que se trata es de criticar al gobierno de la Comunidad de Madrid, oh casualidad, gobernado por el PP. Y no solo de criticarlo sino de lanzar una violenta campaña intimidatoria contra el consejero de Sanidad Juan José Güemes. Estas actitudes no hacen sino poner bajo sospecha la actuación sindical y hacen dudar al ciudadano de a pie de si las motivaciones últimas de determinadas movilizaciones son de caracter laboral o político.

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Según datos del Ministerio de Trabajo, durante 2007 el sindicato Comisiones Obreras recibió del Estado 6,29 millones de euros y la UGT 6,06 millones de euros. A esto hay que sumar otros 981.760 euros para CCOO y 1,14 millones de euros para UGT en concepto de compensación económica por "su participación en consejos consultivos". Estas cifras se completan con la subvención recibida por los llamados sindicatos minoritarios que paso a detallar. ELA (sindicato cercano al PNV), 567.749 euros; USO, 487.084 euros; CSI-CSIF, 342.559 euros; CIG, 273.539, euros; LAB (sindicato cercano a Batasuna), 216.302 euros; Fetico (comercio), 206.951 euros; CGT, 204.951 euros; FSIE, 138.688 euros y otras organizaciones aún más minoritarias, hasta sumar un total de cuarenta y dos, 90.000 euros en total.




Estas cifras de escándalo, aún más en la actual coyuntura de crisis económica y financiera, empiezan a entenderse si acto seguido comprobamos que el número de liberados sindicales en toda España asciende a 200.000, sí han leído bien. Doscientos mil ciudadanos cuya actividad no es productiva y a los que pagamos todos los españoles. El derroche del gasto público hay que pararlo. Ya ha llegado el momento de revisar algunos de los acuerdos a los que se llegó en la Transición que en su momento quizá fueran necesarios para asentar la Democracia, beneficiando de forma desproporcionada a partidos políticos y sindicatos, pero que a día de hoy no tiene sentido mantener. Es increíble que cada español tenga que aportar anualmente, vía declaración de la renta, más de 20 euros a los sindicatos sin ser consultado. Alguien puede alegar que lo sindicatos desempeñan una importante labor social de defensa de los intereses de los trabajadores. No voy a entrar en ese debate. Solo digo que deben ser los trabajadores libremente quienes deben juzgarlo y lo cierto es que el nivel de afiliación a los sindicatos en España es realmente bajo. Se habla de crisis del modelo sindical. Es posible. La independencia de los sindicatos, convertidos hoy en una especie de funcionariado dependiente del erario público, les haría ganar en independencia y credibilidad ante los ciudadanos. Esto solo se puede conseguir mediante la autofinanciación o en su defecto en que sea el contribuyente quien en la declaración de la Renta, al igual que ocurre con la Iglesia Católica, decidiese si quiere o no contribuir a sostener y financiar a los sindicatos. ¿Tan complicado es esto? ¿Por qué nadie se atreve a proponerlo? Parace que hay determinados temas tabú que tras treinta años de democracia no deberían serlo.



Los sindicatos no deben constituir una excepcionalidad en nuestro sistema democrático, ni en lo relativo a la financiación ni en otros aspectos ¿Por qué hay que consentir prácticas intimidatorias como, por ejemplo, la figura del piquete? ¿Por qué un ciudadano queda impune de actos delectivos como la coacción o la injuria por el hecho de ser sindicalista? No dudo que hay muchos sindicalistas que trabajan de buena voluntad por mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora y otros que lo hacen con otras motivaciones, pero repito que deben ser los propios ciudadanos quienes decidan si con sus impuestos desean financiarlos. Una vez más se trata de elegir entre la libertad y la imposición