Los santos inocentes

Hoy es 28 de diciembre, pero esto no es una broma. Más de cien mil abortos voluntarios se practican al año en España. Es una cifra que debe avergonzarnos a todos. Este auténtico genocidio del siglo XXI sólo lo es posible con la actitud irresponsable de una clase política que legisla contra la vida y una socedad que mira para otro lado y no toma conciencia de la gravedad del problema. Si estos datos de por sí no fueran alarmantes, el Gobierno socialista de ZP lejos de intentar atajar este atropello aprobó una ley que permite el aborto libre en las 12 o 14 primeras semanas de embarazo. Con esta ley que convierte un delito en un derecho cualquier mujer que quiera abortar en España podrá interrumpir su embarazo sin necesidad de cumplir más requisitos que el de encontrarse en esas 12 o 14 primeras semanas de gestación. Esta ley de plazos es similar a la que está vigente en países como Alemania, Dinamarca, Austria, Grecia y Portugal donde esta atrocidad lleva años practicándose. Actualmente en España el aborto está despenalizado solo si se cumplen ciertos supuestos, como violación, malformación del feto o riesgo para la madre.
Es de esperar que el Partido Popular salga de su prudencia y distanciamiento en este tema y no se limite a criticar el nuevo proyecto de ley, alegando que supone una estrategia de distración frente a la crisis económica. Le pedimos desde aquí que enarbole la bandera de la Vida frente a la cultura de la muerte, independientemente de su rentabilidad electoral o no. Si quiere tener credibilidad ante los ciudadanos debe sumarse con claridad a todas la iniciativas sociales de protesta y realizar las acciones legales necesarias para derogar esta siniestra ley de plazos. Hay que recordar que en 1985 el Tribunal Constitucional emitió una sentencia asegurando que el artículo 15 de la Carta Magna --"todos tienen derecho a la vida"-- protege también al nasciturus. Al igual que en Alemania las generaciones posteriores al holocausto judío interpelaron a sus padres y abuelos preguntándoles qué había hecho ellos ante la matanza de millones de judíos en las cámaras de gas y muchos bajaron la cabeza avergonzados, llegará un día en el que tendremos que explicar a las generaciones futuras cúal fue nuestra actitud -de compromiso o pasividad- frente al asesinato de los santos inocentes.

La Constitución treinta y tres años después

Hoy es un día para la reflexión. Hace treinta y tres años que la Constitución fue referendada por el pueblo español. Tras décadas de enfrentamientos fratricidas, el espíritu de concordia y la voluntad de consenso marcó la línea de actuación de gran parte de la clase política que supo subordinar sus intereses partidarios al interés general. Fue un éxito colectivo: los sectores más reformistas y avanzados del franquismo, la oposición más dialogante, sindicatos, empresarios, militares, en definitiva, la sociedad española ansiaba culminar un proceso que trajera a España estabilidad política, prosperidad económica, la paz social y la unidad de todos los españoles para afrontar los grandes retos del futuro. Treinta años después, es necesario por un lado cumplir y hacer cumplir algunos de los artículos que parecen olvidados y al mismo tiempo realizar reformas constitucionales tendentes a reforzar la libertad y la igualdad de derechos de todos los españoles, sea cual sea el territorio donde vivan.
¿Qué reformas habría que afrontar cuanto antes? En estas tres décadas han quedado claras las intenciones del nacionalismo de quebrar el principio de igualdad y de atentar contra la base misma de la convivencia nacional. A pesar de su caracter minoritario han tenido en múltiples legislaturas la llave de la gobernabilidad sometiendo a permanente chantaje a las mayorías políticas. Urge, pues, una reforma de la ley electoral que impida que estos pequeños partidos obtengan una representación que no les corresponde. Solo así se podrá realizar una política de sentido nacional pleno. A su vez , es oportuno replantearse el modelo autonómico. Las sociedad española no puede mantener un sistema tan costoso en lo económico y tan cuestionable en lo político. Competencias como la eduación están haciendo estragos en aquellas comunidades gobernadas por políticas de exclusión lingüística.
Por último, paso a detallar, entre otros, algunos de los artículos de la Constitución que deberían ser de obligado cumplimiento y que hoy se conculcan. Exijamos desde la ciudadanía libre y responsable a la clase política el pleno desarrollo de estos artículos:

- La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles (artículo 2)

- El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla (artículo 3. 1)
- Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.
(artículo 4.2)
- Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos (artículo 6)
- Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral... (artículo 15)

-Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional (artículo 19).
- Se reconoce y protege el derecho a la libertad de cátedra (artículo 20.1.c)
- Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España (artículo 30.1)
- Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos (artículo 47)

-Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español (artículo 139).

Comunicado de ETA

No es un día para la esperanza. La única noticia positiva es la derrota de ETA y sus cómplices y por desgracia esto no se ha producido. El comunicado de esta banda de asesinos es más de lo mismo. Ni anuncian su disolución, ni muestran el más mínimo arrepentimiento ni piden perdón a las víctimas de su actividad criminal. No se sienten derrotados sino victoriosos. Controlan, gracias a Zapatero y el Tribunal Constitucional, la Diputación de Guipúzcoa, San Sebastián y centenares de ayuntamientos. No hay paz sin LIBERTAD y el miedo continúa en el País Vasco. Esta lamentable escenificación a un mes de las elecciones no es sino el favor que ETA debe a Zapatero. Ahora más que nunca digamos bien alto: Memoria, Dignidad y Justicia.

Partitocracia

La degeneración del actual sistema político en España no es un fenómeno nuevo. A prinicipios del siglo XX polítólogos italianos de la talla de Mitchel, Mosca o Pareto analizaron los procedimientos que conducen a la democracia a un lento proceso de desnaturalización. La aparición y perpetuación de oligarquías ligadas a los partidos políticos, convertidos en grupos de poder e influencia endogámicos, van transformando la democracia en partitoctracia. Para constatar los primeros síntomas de esta preocupante realidad habría que remontarse al período constituyente. En efecto, en la Transición hubo un acuerdo general en dotar de gran poder a los partidos políticos tras cuarenta años de dictadura. Si entonces podía tener su sentido hoy lo carece por completo. Es pues uno de los aspectos claramente revisables del texto constitucional. Como consecuencia de este excesivo protagonismo, tenemos hoy la desastrosa ley de financiación pública de los partidos, la injerencia de estos en otros poderes del Estado como el judicial o la ausencia de democracia interna. La democratización de los partidos es sin duda una asignatura pendiente que nadie quiere afrontar. ¿Cómo van a regenerar la democracia quienes no la ejercen?

Utilizando como excusa las reivindicaciones nacionalistas, con la famosa frase de "café para todos", los partidos políticos se lanzaron al reparto del poder. Crearon así múltiples administraciones -nacional, autonómica, provincial, local- que en la mayor parte de los casos duplican sus competencias. Con ello se aseguraban los suficientes cargos y subcargos para colocar a los del partido. Este despilfarro de presidentes autonómicos -veinte en todas España-, consejeros o ministrillos -unos trescientos cincuenta- directores generales -más de tres mil quientos- subdirectores, comisionados, subcomisionados, asesores y otras lindezas corren, a cargo de las sufridas clases medias que con su esfuerzo y trabajo están sosteniendo un sistema que sólo beneficia a las oligarquías políticas y que ha llegado un momento en el que es insostenible económicamente e ineficaz políticamente. Este asunto, como el de los liberados sindicales, es uno de los innumerables tabús que nadie se atreve a poner sobre la mesa. En este tema los partidos, todos sin excepción, funcionan como una casta y los ciudadanos lo sufrimos. Pregunten a un político de cualquiera de los partidos parlamentarios si estaría de acuerdo con la autofinanciación, el sistema de elección del poder judicial o la reducción de administraciones, seguro que le contestará que estos temas no están en la agenda política.

Los escándalos que estos días aparecen en los medios de comunicación, en medio de una profunda crisis de insosprechadas consecuencias, no es sino la punta del iceberg de la corrupción institucionalizada de un sistema que cada vez se parece menos a la democracia y más a la partitocracia. La clase política no predica con el ejemplo. La austeridad no se encuentra en su vocabulario cotidiano. Los ciudadanos no deben persistir en la servidumbre que se desprende de su pasividad. La sociedad civil articulada como contrapeso del poder, esencial según Tocqueville en toda democracia plenamente desarrollada, y el ciudadano libre e insobornable han de manifestar su rechazo e indignación frente al permanente atropello perpetrado por la clase política. De este compromiso cívico no solo saldrá ganando la democracia sino todos y cada uno de nosotros.

¡Sálvese quien pueda!

El paso de Zapatero por la política española no sólo ha causado estragos en la sociedad española sino también en su propio partido. El PSOE se ha plegado en los últimos años a las políticas oportunistas, provocadoras, ineficaces, sectarias del peor presidente en la historia de la democracia en España. Ahora cuando es más que probable el batacazo electoral de los socialistas, muchos empiezan a abandonar el barco. El primero que anunció su posible retirada en un almuerzo con periodistas fue el hablador manchego y ablatino latino, José Bono. Acto seguido, el incombustible Alfonso Guerra, aquel que quiso matar a Montesquieu y dejar a España que no la conocería ni la madre que la parió, apuntó que quizás no estaría en las listas de los próximos comicios. También Carmen Calvo (pixie y dixie), la misma que quitó a todos los españoles la titularidad del dinero público, prefiere dedicarse a sus labores profesionales antes que -se justifica- compartir cartel electoral con la multicolor Rosa Aguilar cuyo rojo desteñido pasea por las cancillerías europeas. Y no podía ser menos en esta huida masiva, la etérea Elena Salgado, quien poco después de trascender que la número dos de Alfredo Pérez Rubalcaba sería Elena Valenciano, la ministra de Economía, que ha estado en todos los Ejecutivos de Zapatero, comunicó a la dirección del PSOE su decisión de no presentarse.

Pues bien, el último en admitir sus dudas ha sido el vicepresidente de Política Territorial y presidente del PSOE y antiguo "virrey" de Andalucía. Manuel Chaves ha reconocido, en declaraciones a la agencia Efe, que está "madurando" su decisión de presentarse o no a las próximas elecciones generales. En su opinión, "nadie es imprescindible, y quien lo crea, comete un error". No, si lo que muchos pensamos es precisamente que él ha sido prescindible, y de qué manera, en la política andaluza y española desde que decidió dedicarse a la cosa pública. No creo que sea el último en engrosar esta lista de auténtica "espantá". Corren malos tiempos para el socialismo español. Se hace más que necesaria una refundación del PSOE tras esta negra etapa de zapaterismo que afortunadamente toca a su fin.

Qui prodest, Alfredo?

Hay que cambiar el modelo de Estado. Es evidente. La crisis económica que padecemos ha llevado al debate político la necesidad de replantearse la organización territorial del Estado. Algunos hace bastantes años venimos advirtiendo que esta situación es insostenible, no sólo por el alto coste que supone, sino también por la ineficacia demostrada y, por supuesto, por el imparable proceso de desvertebración nacional. La existencia de cinco administraciones -municipal, provincial, autonómica, central y europea- no ha redundado en un mejor servicio al ciudadano de a pie; a quien ha beneficiado es a los partidos políticos que las han usado para repartirse el poder y colocar a los suyos para seguir viviendo de la cosa pública como demuestran las auditorías que se están realizando. La mayoría electoral socialista en los ayuntamientos, especialmente en municipios pequeños, le ha dado al PSOE en las últimas décadas el control de la mayor parte de las Diputaciones provinciales que han utilizado en beneficio propio. El vuelco electoral que se produjo en las elecciones del pasado mayo ha cambiado el paisaje. El PP domina la mayor parte de las Diputaciones, incluso en Andalucía y Extremadura, algo hasta hace poco impensable.


Nunca habíamos oído a los dirigentes del PSOE hablar de reformas en el modelo de Estado y ahora el candidato Rubalcaba se muestra partidario eliminar las Diputaciones. Precisamente en febrero, tres meses antes de las elecciones municipales, el grupo socialista en el Congreso defendía sus existencia en el debate sobre el Estado de la Nación. De hecho rechazaron la propuesta del BNG y ERC que pedían la supresión de las corporaciones provinciales. La propuesta de Rubalcaba sustituiría las Diputaciones por consejos de alcaldes. Estos consejos estarían presididos por un alcalde, elegido por el resto de los regidores. Preguntado por qué ha pasado de defender la existencia de estas Diputaciones a realizar ahora esta propuesta, Pérez Rubalcaba, con la desfachatez que le caracteriza, ha contestado escueto: "Porque las cosas cambian". Una vez más los políticos adaptan su discurso al interés partidista y no al interés general. Llegará un momento en que la sociedad diga basta a este oportunismo que hace que aumente cada vez más la desafección ciudadana hacia la clase política y, lo que es más grave, hacia la democracia.

¿A qué juega el PSOE?

El diputado general de Guipúzcoa, Martin Garitano (Bildu), comentó el pasado viernes que los atentados perpetrados por la organización terrorista ETA en Cataluña fueron "más que un error", y ha sostenido que los vascos deben especial respeto a las víctimas catalanas pues "sucedió en un momento en que la sociedad vasca había recibido mucho apoyo de los catalanes" Estas impresentables declaraciones en las que este filoterrorista distingue tipos de víctimas no es solo un nuevo insulto a la memoria de las mil víctimas del terrorismo etarra sino también una afrenta a la sociedad española que tiene que soportar el escarnio de los que durante décadas han sembrado el terror y han laminado los deseos de convivencia de varias generaciones de españoles. Pues bien, ahora resulta que el presidente del Senado, el socialista vasco Javier Rojo declara en relación a Bildu que "o cambia de comportamiento" o su partido podría plantear una moción de censura en la Diputación de Guipúzcoa. ¿A qué juega el PSOE? Si Bildu está en las instituciones se debe, no sólo a la degradación moral de una parte importante de la sociedad vasca que les ha votado, sino también, y fundamentalmente, a la firme determinación del Gobierno de Zapatero, y sus terminales judiciales y mediáticas, de dar pasos en el llamado "proceso de paz" que no es sino un paso más en el vergonzante proceso de rendición y claudicación del Estado frente al nacionalismo en todas sus manifestaciones. ¿Es que esperaban algo de Bildu en las instituciones? Cuando se constituyeron los ayuntamientos y las Diputaciones pudieron haber impedido, votando a favor de la constitución de mayorías con el PP y PNV, el acceso al poder de la coalición proetarra en gran cantidad de corporaciones municipales y, por su puesto, en la Diputación de Guipuzcoa. El PP lo planteó reiteradamente, pero no quisieron. Ahora escenifican un desencuentro, incluso, asómbrense con la indignación de Odón Elorza. Sin duda el PSOE está en lo de siempre, amplificado ahora por la cercanía de las elecciones generales, es decir, en el doble juego de suave rechazo y cercanía con el mundo batasuno. El PSOE hace mucho que perdió la credibilidad en todo lo relacionado con el terrorismo. Las víctimas y la mayor parte de la sociedad española lo saben y espero que paguen electoralmente por ello.